Si en Guatemala se borraran los privilegios fiscales, por lo menos se podría financiar el presupuesto de un año. Según informes de la Superintendencia de Administración Tributaria reporta que en 9 años que la SAT no ha cobrado esos impuestos, el cual asciende a 123 mil 204 millones de quetzales, con lo cual se podría cubrir un año de presupuesto.
Estos tratamientos preferenciales consisten en exenciones, deducciones, créditos, tasas reducidas y diferimientos los cuales están contenidos en la Constitución Política de la República.
Los beneficiarios por este manto, bajo mandato constitucional, están las Universidades, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Centros Educativos, El Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.
Por otro lado, la chamarra alcanza a otros sectores que por medio de leyes ordinarias aprobadas por el Congreso, exentan de forma expresa a determinadas personas individuales, familias, instituciones dedicadas a la intermediación financiera, algunas actividades mercantiles, instituciones de asistencia social, contribuyentes dentro del renglón de zonas francas, leyes de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y maquila, instituciones gubernamentales, cooperativas, misiones diplomáticas e internacionales y generación eléctrica entre muchos.
Hace mucho se habló de darle mayor independencia a la SAT, eliminar la exoneración presidencial y de a poco anular esta ventaja que tienen los “privilegiados” cosa que exigía una reforma constitucional; algo que le para las pulsaciones a cualquier empresario. La situación en Guatemala es complicada sobre todo porque el que no paga le ofende que le cobren. Este comportamiento desadaptado seguirá mientras los que más evaden se nieguen a seguir las reglas y compren más privilegios.
Si todos tienen la cola machucada nadie avanza, esa es la mejor solución, según ellos.
